TEGUCIGALPA, HONDURAS — SÁBADO 15 DE AGOSTO DE 2026 / Un duro revés institucional sacude el sistema de justicia en Honduras tras la controvertida actuación del Ministerio Público en el marco del proceso judicial por el caso Pandora II.
La directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, puso al descubierto una falla crítica en la estrategia de la Fiscalía: la inasistencia e inasistencia técnica de su testigo principal en el momento cumbre del juicio.
El testigo en cuestión es Fernando Suárez, exfuncionario condenado en el caso Pandora I por el desvío de más de 10.5 millones de dólares destinados a campañas políticas en 2013. Tras haber sido extraditado desde El Salvador en 2024 y configurarse como un colaborador eficaz decisivo, Suárez no estuvo disponible cuando la representación fiscal requirió su comparecencia.
La controversia se profundizó al confirmarse que Suárez fue puesto en libertad provisional el pasado 12 de agosto de 2026, fecha que coincidió exactamente con el inicio de la audiencia contra el expresidente Juan Orlando Hernández. Aunque la Procuraduría General de la República intentó sostener una postura activa frente a los alegatos de la defensa, la falta de preparación y la ausencia de su testimonio estrella terminaron por desarmar la acusación, derivando en un sobreseimiento definitivo a favor del exmandatario.
Gabriela Castellanos exigió una investigación inmediata para esclarecer quién autorizó la liberación de Suárez y por qué las autoridades no garantizaron su presencia en el tribunal. Este episodio reaviva las severas críticas sobre la improvisación, la falta de capacidad técnica y la urgetud de fortalecer la independencia del Ministerio Público ante casos de alta trascendencia nacional.