TEGUCIGALPA, HONDURAS (14 DE OCTUBRE DE 2026). — En un decisivo giro institucional para garantizar la estabilidad del país, el Congreso Nacional de Honduras aprobó reformas temporales al Decreto 86-2026 que establecen un régimen de excepción para el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE). La disposición clave que marca el rumbo de esta resolución fije un estricto "candado legal": el órgano electoral tiene expresamente prohibido declarar, revisar, modificar o anular los resultados de las elecciones generales de 2025 en cualquiera de sus niveles electivos.
La medida surge para resolver la parálisis administrativa generada por la vacancia de consejeros y magistrados destituidos mediante juicio político. Tras una reconsideración presentada por el jefe de bancada del Partido Liberal, Jorge Cálix, el plazo de vigencia del régimen transitorio se amplió de dos a cuatro meses, tiempo en el que se espera que las fuerzas políticas alcancen los consensos de mayoría calificada necesarios para nombrar a los sustitutos definitivos.
Bajo este esquema temporal, se ratificó la continuidad transitoria de Aixa Gabriela Zelaya Gómez en la presidencia del CNE y de Mario Flores Urrutia al frente del TJE. Asimismo, el TJE podrá adoptar resoluciones con el voto unánime de los dos magistrados que permanecen en funciones.
Tensión política y posturas contrapuestas
La aprobación del decreto encendió el debate en la cámara legislativa. La diputada del partido Libertad y Refundación (Libre), Angélica Smith, rechazó la resolución denunciando una presunta exclusión de su institución política en la gobernanza electoral del país:
"Denunciamos que nuestro partido queda excluido de la integración de los órganos electorales y de la rotación en la presidencia del CNE. Cuestionamos la legitimidad de estos juicios políticos y exigimos garantías reales de imparcialidad y transparencia para el pueblo hondureño", sostuvo la parlamentaria Smith durante su intervención.
Por su parte, el diputado Jorge Cálix justificó la necesidad de extender la vigencia del decreto para evitar un vacío de poder prolongado e hizo un llamado vehemente a la concertación:
"Esta ampliación a cuatro meses nos da el margen necesario para buscar acuerdos sinceros entre todas las bancadas. Debemos completar la integración constitucional del CNE y del TJE y evitar una situación prolongada sin solución definitiva que ponga en riesgo la institucionalidad", declaró Cálix.
La decisión deja firmes los resultados comiciales de 2025 y traslada ahora la responsabilidad al plenario del Congreso Nacional, que deberá negociar los nombres de los nuevos titulares que integrarán de manera permanente el sistema electoral hondureño.